Comunicado de Prensa acerca de la conferencia brindada el Juev. 31/05 en la Casa de las Abuelas.

REF.: "Preocupación por la decisión de la justicia de liberar al genocida, represor y apropiador, Víctor Rei."

Abuelas de Plaza de Mayo expresa su preocupación por la decisión de la justicia de liberar a un represor, ex servicio de inteligencia de la Gendarmería Nacional, responsable de la apropiación de un joven hijo de desaparecidos. Aunque Víctor Rei espera el juicio oral desde hace seis meses, la justicia aun no ha decidido siquiera qué tribunal lo juzgará.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 decidió el pasado 24 de mayo el cese de la prisión preventiva de Víctor Enrique Rei tras haber pasado tres años detenido en una unidad de la Gendarmería. Si bien los jueces fundaron esta decisión en el Pacto de San José de Costa Rica, omitieron considerar que este mismo tratado dispone la obligación del Estado argentino de llevar a juicio y sancionar a los responsables de delitos de lesa humanidad, por lo que esta resolución pone en riesgo el cumplimiento de este deber, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratificada por la Corte Suprema argentina.

Se trata de una nueva decisión relacionada con las alarmantes demoras de los tribunales para juzgar a los responsables del genocidio cometido durante la última dictadura militar. De hecho, la investigación se cerró el año pasado, luego de que la jueza federal María Servini de Cubría ordenara un procedimiento por el cual el Banco Nacional de Datos Genéticos pudo establecer que el joven apropiado por Rei era en realidad el hijo de Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián Sandoval, ambos desaparecidos.

El pasado 20 de abril, otro Tribunal Oral Federal, el número 6, que había sido sorteado para realizar el juicio oral contra Rei, se declaró incompetente y remitió la causa al TOF 5, argumentando un dudoso criterio de conexidad con otro juicio en el que también se dirimirá la responsabilidad de otros acusados de sustracción de una bebé durante la dictadura militar. De esta manera, este juicio se suma a la larga lista de los que tendrá que realizar ese Tribunal, que ya tiene a su cargo los casos por los crímenes cometidos en la ESMA y en el marco del Primer Cuerpo del Ejército.

Sin embargo, la competencia del Tribunal 5 aún no quedó firme a pesar de que la elevación a juicio fue decidida en diciembre del año pasado. Lo paradójico es que los tribunales demoran medio año en decidir quién debe realizar un juicio mientras que se trata de un caso cuyas audiencias podrían realizarse en sólo una semana.

La preocupación de Abuelas de Plaza de Mayo se basa en que la decisión del Tribunal 5 de liberar a Rei pone en riesgo la realización del juicio oral, ya que los propios antecedentes del imputado dejan serias dudas de que se presente ante el requerimiento judicial. De hecho, Víctor Rei fue parte de la Dirección de Inteligencia de Gendarmería Nacional, y en ése carácter fue uno de los militares entrenados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Fuerte Gulick, en Panamá, desde donde se establecieron las estrategias de torturas, represión clandestina y desaparición de personas en Argentina, así como en muchos otros países de América Latina. Por esa participación, Rei fue nombrado miembro honorario de la “Rama de Inteligencia Militar del Ejército de Estados Unidos”. Participó también del denominado Operativo Independencia en Tucumán bajo el mando de los represores Adel Edgardo Vilas y Domingo Bussi en 1975, y tal como se probará en el juicio también tuvo una participación activa en la inteligencia de los grupos de tareas que llevaron adelante la represión ilegal durante la dictadura militar. Así lo reconoció él mismo en el juicio a las juntas realizado en 1985.

Por otro lado, tanto la querella como la fiscalía tendrán que ofrecer, cuando el tribunal lo establezca, las pruebas que llevarán al juicio para acusar a Rei. Muchas de esas pruebas son declaraciones de testigos, cuya seguridad también se pone en crisis con la liberación del imputado.

Estos y otros argumentos expondrá la querella de Abuelas de Plaza de Mayo al recurrir esta decisión del Tribunal, que pasará a ser revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Abuelas de Plaza de Mayo comparte el principio de que la privación de la libertad de las personas sin condena debe ser dramáticamente limitada, pero deja en claro también que es el sistema de justicia el responsable de las demoras que generan prolongadas prisiones preventivas, por lo que son los jueces quienes deben asumir su responsabilidad cuando estas privaciones de derechos se prolongan violando otros derechos humanos. En definitiva, Abuelas exige a la justicia la realización urgente del juicio oral contra Rei para determinar la verdad y restablecer la justicia, así como del resto de los juicios pendientes por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.


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